Más y mejor educación también pueden contribuir a la reducción de la criminalidad.

América Latina y el Caribe es la región con niveles más altos de crimen y violencia del mundo. Dado que en la última década la delincuencia se ha transformado en una de las preocupaciones más importantes para la región y en una de las principales demandas sociales dirigidas al Estado, hemos lanzado una serie de entradas sobre este problema. ¿Es posible reducir los índices de criminalidad, mejorando la educación de los delincuentes potenciales? Si es así, ¿es una medida costo-efectiva con respecto a otras estrategias de prevención del crimen?

El principal vínculo teórico entre el aumento de la educación y el comportamiento criminal es bastante directo: la educación aumenta las oportunidades de trabajos legítimos y sus salarios, lo que reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas. Esto es así porque en el marco de la teoría económica del crimen, los criminales son racionales y buscan maximizar su bienestar, es decir, miden en términos monetarios los incentivos de realizar actividades legales versus ilegales.

También existen otros vínculos entre la educación y la disminución de la criminalidad. El costo de oportunidad de ser encarcelado es también mayor para aquellas personas que tienen el potencial de ganar altos salarios en actividades legítimas, pues estar en prisión implica tiempo fuera del mercado laboral. Por otra parte, la condena en sí misma ejerce un estigma social que actúa como un disuasivo adicional, el cual es probablemente más fuerte cuanto mayor educación tenga el individuo.

Si bien desde el punto de vista teórico podemos identificar varios canales a través de los cuales la educación afecta al crimen, abordar empíricamente esta relación resulta más difícil. La causalidad que usualmente se predice va desde la educación al comportamiento criminal, es decir, una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación. Sin embargo, también debemos considerar que una persona con una propensión mayor a cometer delitos es menos probable que permanezca en la escuela en comparación con una persona que no es propensa a cometerlos.